Y encima se ríen estos cabrones...

Javier García Gaztelu, 'Txapote', y otros tres etarras son juzgados por el asesinato de un concejal de UPN en 2001. La juez Ángela Murillo comentó el testimonio de la viuda sin darse cuenta que el micrófono estaba abierto.

La magistrada Ángela Murillo, que juzga al ex jefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y otros tres etarras por el asesinato de un concejal de UPN no se ha mantenido indiferente ante el sobrecogedor relato de la viuda, y ha comentado la actitud impasible de los acusados al afirmar: "... y encima se ríen estos cabrones". 

Murillo ha comentado así, sin percatarse de que el micrófono estaba abierto, la indiferencia que han mantenido los acusados del asesinato del concejal de UPN en Leiza José Javier Múgica en 2001, durante el testimonio de su viuda Adoración Zubeldia ante el tribunal, presidido por esta magistrada. 

"Salí al balcón y lo vi en una esquina", ha dicho Zubeldia antes de romper a llorar, lo vi que estaba contra un arbusto, vi la furgoneta contra un arbusto, la explosión lo había tirado contra un arbusto. Vi que se estaba quemando y mi marido también se estaba quemando a la vez que la furgoneta", ha explicado a la sala. 

Zubeldia ha contado también que antes del asesinato ya habían recibido amenazas y habían sufrido pintadas en su casa, insultos en el programa de fiestas de Leiza e incluso robos en su tienda de fotografía. 

"Con eso nos dieron la pista de que no querían que trabajáramos en el pueblo", ha añadido visiblemente afectada, tras explicar que la furgoneta la podía haber usado cualquiera, incluso ella, aunque el día del atentado se quedó en casa porque acababan de llegar de unos días de descanso. 

Por su parte, los acusados han retado al tribunal al negarse a participar en el juicio y mantenerse sentados pese al requerimiento de la juez Ángela Murillo. 

Tanto 'Txapote' como los miembros del "comando Argala" Oscar Zelarain y Andoni Otegi se han mantenido sentados frente al tribunal después de que la magistrada les ordenara que se pusieran en pie, y se han negado a contestar a las preguntas que les iban a formular las acusaciones señalando: "no voy a participar en este juicio". 

El primero en mantener esa actitud ha sido 'Txapote', tras lo que Otegi, también sin levantarse, ha dicho que todas las acusaciones contra ellos proceden de la declaración que hizo su "compañero" bajo torturas de la Guardia Civil. 

El único de los acusados que ha accedido a responder a las preguntas -solo de su defensa- ha sido Juan Carlos Besance, también miembro del "comando Árgala", que ha denunciado que cuando en octubre de 2010 reconoció ante la Guardia Civil que participó en el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica fue por las torturas que sufrió por parte de los agentes que le interrogaron. 

El primer día "me pusieron la bolsa varias veces" y continuaron los días siguientes, poniéndome la bolsa continuamente y haciendo flexiones", ha dicho Besance, que ha reconocido que no denunció los hechos al médico forense ni al instructor porque "tenía miedo".

Fuente: http://www.heraldo.es/noticias/nacional/la_juez_ante_indiferente_txapote_encima_rien_estos_cabrones_163326_305.html

La Policía y la Guardia Civil avisan: “La banda aún sigue existiendo”

Autor: Javier Chicote

Quienes llevan décadas en la lucha policial contra el terrorismo, han mostrado su escepticismo ante el comunicado con el que ETA anunció el “cese definitivo de la violencia”. Policías, guardias civiles y escoltas, todos aquellos que se han enfrentado cara a cara a los terroristas, desconfían de las intenciones de la banda y denuncian el contenido de un documento que han querido precisar.

Lo han hecho en un comunicado conjunto firmado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía(SUP), que afilian a 64.000 agentes de ambos cuerpos, en el que destacan que ETA ha anunciado su rendición “cuando ha sido derrotada” y que “los terroristas no pueden conseguir ninguno de sus objetivos ni por matar ni por dejar de hacerlo”.

Ambos colectivos destacan que la banda sigue existiendo “como organización clandestina”, ya que “no dice que se disuelva ni que entregue las armas”, al tiempo que tampoco “piden perdón a las víctimas ni se entregan a la justicia”. En esta línea, la AUGC y el SUP exigen que se sigan investigando muchos crímenes de ETA que aún no han sido aclarados.

Policías y guardias civiles instan a que el 20 de octubre quede fijado “como el día de la victoria en memoria de las víctimas del terrorismo”. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son, de largo, el colectivo que más víctimas mortales ha padecido a manos de ETA. Quizá por eso lamentan el “cierto clima de euforia evidente en algunos medios de comunicación tras el comunicado”.

También hacen hincapié en que los gobiernos español y francés no deben aceptar “ningún diálogo con los asesinos” y lanzan un aviso: “Si se producen excarcelaciones, actuaremos contra ellas con todas las medidas legales a nuestro alcance y con las medidas de presión que en cada caso decidiremos”. El secretario general de la AUGC, Alberto Moya, cree que estamos ante una "maniobra" de ETA para conseguir efectos políticos y un "aldabonazo" para la izquierda abertzale en las próximas elecciones del 20 de noviembre.

Para la Confederación Española de Policía (CEP) la palabra de ETA “no tiene valor alguno”, por lo que hacen un llamamiento a los partidos políticos y a la sociedad española para que se mantengan "vigilantes".

Mientras, la Asociación Nacional de Escoltas celebra el “avance” que supone el anuncio, que “demuestra la debilidad de ETA”, pero asegura que “las amenazas, presiones y actos violentos contra los cargos electos no acaban con el comunicado de la banda terrorista.

Por ello, la asociación critica las sugerencias del gobierno vasco sobre “una retirada masiva de escoltas” que “dejaría indefensos a estos cargos públicos”, ya que “ETA no se ha disuelto”. Los escoltas avisan al gobierno de que en ningún caso debe retirarse la protección de forma general, sino de manera “individual, tras un  ponderado y exhaustivo análisis de riesgos”.

Enlace: http://www.elconfidencial.com/espana/2011/10/22/la-policia-y-la-guardia-civil-avisan-la-banda-aun-sigue-existiendo-86344/

Algo no cuadra...

Autor: Ángel Ruíz Cediel


Enlace: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/76186/la-criminaliacion-de-la-justicia

LA CRIMINALIACIÓN DE LA JUSTICIA


Choca que España sea uno de los países de Europa con menor índice de delincuencia y, al mismo tiempo, con mayor número de presos 

Algo severo está fallando en la Justicia española. Según los datos oficiales no sólo es España uno de los países más seguros y con menos delincuencia de Europa, sino que los mismos delitos cometidos son, en promedio, de mucha menor intensidad que en la media del conjunto europeo; pero, a la par, somos el país de Occidente con mayor población reclusa.

Según no pocos expertos esto se debe a un abuso manifiesto de las causas penales no tanto porque lo que se demanda como delitos sean realmente causas penales, sino porque numerosos abogados acusadores usan el ardid de buscar tramposamente las vueltas a las situaciones de sus clientes (ingeniería legal) para presentar los litigios como tales, cuando en realidad y justicia deberían ser simples pleitos civiles, mercantiles, matrimoniales o incluso no haber pleitos por no haber sino simples discrepancias entre particulares, utilizándose a la Justicia como un medio de revancha, venganza e incluso de extorsión contra el demandado. Lo que pase después, el resultado, la sentencia, a veces no tiene nada que ver con la Justicia, pues, como han dicho tantos jueces de tantos países (incluido el nuestro) en las últimas fechas con motivo de sentencias absolutamente legales pero manifiestamente injustas, “la verdad jurídica no tiene nada que ver con la verdad real”. Un pan como unas hostias, en fin, que nos deja perplejos (e indefensos) a la inmensa mayoría de los ciudadanos, pues si la verdad jurídica no tiene nada que ver con la verdad real, uno se pregunta qué diantres es entonces la Justicia.

El abogado acusador, el que contrata quien que se siente agraviado por alguien, suele ser un letrado que cobra, y cobra mucho, por sus servicios profesionales, el cual, a menudo, además, va a la parte de la ganancia si la hubiere, de modo que obtiene mayor beneficio si consigue una sentencia favorable que si no (salvo que sea un corrupto que se haya vendido de antemano a la otra parte revelando datos “sensibles” de su cliente, o que haya hecho acuerdos con los defensores de los demandados del tipo “éste juicio lo ganas tú y el próximo lo gano yo”, cosa que, como es corrido a nivel de calle, es una práctica mucho más frecuente de lo que pareciera). Por un pleito corto o simple, el abogado gana menos (ganando mucho) que si el proceso es complejo, de modo que le conviene también no sólo complicarlo por interés personal, sino porque si convierte una simple discrepancia o un proceso civil, mercantil o matrimonial en un proceso penal tiene más posibilidades de llevarse el gato al agua, toda vez que cualquier ciudadano demandado, incluso injustamente, se sentirá sobrepasado por una querella penal que solicita para él grandes penas carcelarias y onerosas indemnizaciones, viéndose tentado (a causa de la sorpresa o por ser un tanto asustadizo), quizás, a negociar un acuerdo extrajudicial para satisfacer lo que en realidad debería ser tipificado como una simple y llana extorsión, además del libelo y los daños colaterales que conlleva el caso, todos ellos muy malos para el acusado injustamente. Por otro lado, el demandado sabe que de llegar a juicio el asunto, de un modo u otro tendrá que demostrar inocencia, por bárbaro que esto resulte en apariencia, y que en buena medida su libertad y su propia fama y economía dependerán de lo bien o lo mal que haga su trabajo su defensor, de lo bien o lo mal que se lleven el abogado acusador y los miembros del tribunal (influencias), si es que no de lo bien o lo mal que le caiga al tribunal, al juez o a quien corresponda. Este tipo de letrados, especializados en perpetrar daños legales, lamentablemente, ha crecido exponencialmente en España, en buena causa debido a la explosión de codicia que se despertó en la práctica totalidad de los ciudadanos desde hace más o menos una década a esta parte. Los escrúpulos o la ética, en buena medida, han desparecido tanto para cierto tipo de ciudadanos como de letrados, si lo que hay por en medio es un interés personal, económico o no. Sin embargo, curiosamente, se ha marginado, desatendido u obviado que incluso los letrados tienen el deber de defender la verdad, supongo que la real.

Así, España se ha convertido en un paraíso de los abogados especializados en estrujar y retorcer la ley para presentar discrepancias insignificantes y demandas civiles como si fueran delitos penales, criminalizando la Justicia y obteniendo de ello enjundiosos resultados. “Lo hace todo el mundo”, suelen decir estos letrados, y de este modo se aseguran un cliente que es más que probable que se gaste una pequeña fortuna en su bufete, además de que tienen la posibilidad de pillar un buen pellizco del resultado de hundir la vida de otra persona, aún siendo todo ello, desde su propio origen, algo injusto, resultando ser que, en realidad, el verdadero delincuente es quien demanda y quien presenta como penal la causa que no lo es. Sobran casos y sobran ejemplos de todos conocidos, pero seguro que vienen a la mente de cualquier ciudadano el abuso en la demanda penal por malos tratos en los casos de divorcio, o los de aquéllos que contratan un servicio profesional del que, una vez alcanzado el objeto contractual satisfactoriamente, quieren deshacerse de la parte contratada, la cual es posible que debiera cobrar algo más por hacer su trabajo y aún percibir alguna comisión sobre los resultados durante algún tiempo: con esto se ahorran los contratantes demandantes (codicia en estado puro) los pagos pactados, las comisiones que devengó el profesional en cuestión y pueden lograr que éstos les devuelvan multiplicado (daños y perjuicios, argumentarán) los abonos realizados como consecuencia del contrato legalmente establecido. Un contrato mercantil que, en un caso penal desviado hábilmente a otros delitos penales que nada tienen que ver con el asunto, quedará reducido a agua de borrajas como si nunca hubiera existido. Y no sólo eso, sino que durante el largo tiempo que tarde la causa en resolverse a favor o en contra del demandado, los demandantes usarán para destruir su vida con la difusión de toda suerte de libelos, aportando la dudosa “prueba” de que si un juez lo admitió como causa judicial penal, es que el delito existe, cuestión que tiene mucho eco en nuestra actual sociedad, como vemos cada día, prácticamente, en los diarios y noticieros.

Estas trampas, tan habituales hoy, son las que están llenando las cárceles de inocentes y las calles de vivales. Desconozco, porque soy lego en Derecho, si es legal o ilegal presentar como delito penal lo que no lo es (acaso ni sea delito, ya digo), pero, en cualquier caso, no hay condenados por esa aberrante práctica tan corriente, que yo sepa, lo que me induce a pensar que debe ser legal que para obtener una ventaja adicional tan tramposa o hacer un negocio tan perverso por la parte demandante, estos vivos puedan jugar de esta forma con la Justicia y con la vida de los ciudadanos. De no ser legal, creo que hacen falta actuaciones tan expeditas como contundentes y ejemplarizantes contra estos presuntos sinvergüenzas que están colapsando la Institución de la Justicia y arruinando tantas vidas, y si es legal, tal vez sea hora de aplicar una solución correctiva, porque la ley ésa, supuestamente que exista (que lo dudo), está mal y es injusta, y, por ello mismo, debiera ser derogada.

En virtud de esto, y por cuestiones de procedimiento (diligencias mal llevadas o ejecutadas de una forma poco profesional o incorrecta, testimonios falsos, documentos adulterados o la razón que sea), muchos inocentes no sólo son condenados a toda una vida de ignominia (daños colaterales incluidos), sino que se faculta que los golfos más golfos del país, los verdaderos delincuentes que son los abogados y los demandantes que tan torcida y criminalmente obran con plena conciencia de que están haciéndolo injustamente, sean beneficiados por un sistema judicial que debiera velar por cumplir el fin para el que está destinado, el cual es que los tribunales impartan verdadera Justicia de modo que la verdad judicial y la verdad real no sean disímiles, sino exactamente la misma.