El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, correspondiente al año 2010, refleja graves violaciones, cometidas sistemáticamente con la culpa, colaboración u omisión del Estado.
El texto elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala que en Colombia se registra una preocupante cifra de casos de amenazas, atentados y asesinatos contra activistas en favor de derechos humanos y líderes comunitarios:
"La oficina en Colombia registró con preocupación la continuación de homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimientos e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en diferentes regiones del país. Entre las víctimas se encuentran líderes y lideresas, defensores comunitarios, miembros de Juntas de Acción Comunal, personas afrocolombianas e indígenas, personeras y personeros municipales, sindicalistas, personal del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo y periodistas".
Los casos de acoso contra la libertad sindical y los dirigentes de los trabajadores son citados de esta forma en el informe:
"Las muertes de sindicalistas continúan siendo preocupantes. En 2010, 26 personas fueron asesinadas, frente a 25 en 2009. Las muertes de docentes no sindicados aumentaron de 4 a 11. Un total de 1.433 personas pertenecientes al movimiento sindical están amparadas por el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia. En 2010, se registró la muerte de un periodista y 45 amenazas contra otros periodistas".
Gran parte de los crímenes y violaciones contra los derechos humanos cometidos en Colombia, se amparan en la impunidad y la acción de operaciones ilegales de inteligencia por parte del Estado colombiano:
"La ausencia de controles democráticos externos y la impunidad favorecen que se sigan utilizando las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales y clandestinas. La oficina en Colombia continuó recibiendo informaciones sobre interceptaciones de correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información, alteración de páginas web e ingresos ilegales a oficinas y domicilios de distintas organizaciones de la sociedad civil, en ocasiones imputados a miembros de organismos de inteligencia militar. Estos hechos, como los denunciados en 2009, permanecen en la impunidad".
El informe de la ONU también resalta con alarma la elección de elementos vinculados a grupos paramilitares como parlamentarios en Colombia:
"El 14 de marzo, los colombianos y las colombianas eligieron 102 senadores por circunscripción nacional, y 166 representantes por circunscripción departamental, para el periodo legislativo 2010-2014. La oficina en Colombia observa con preocupación que la influencia de la llamada parapolítica no ha desaparecido del nuevo Congreso. De los 268 congresistas electos, 13, que habían sido reelegidos, están siendo investigados penalmente por la Corte Suprema. Además, se han recibido informaciones de posibles casos de testaferrato político entre congresistas elegidos por primera vez y personas vinculadas a procesos de "parapolítica".
Las cifras de desaparecidos como consecuencia de la violencia en Colombia, es tan contundente que supera los casos registrados durante los años de dictaduras militares en el cono sur del continente:
"A medida que el Registro Nacional de Desaparecidos se actualiza, se vislumbra la preocupante magnitud del fenómeno de la desaparición forzada. A noviembre, el total de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310, de las cuales 12.632 han sido consideradas como presuntas desapariciones forzadas. Entre estas últimas, se encuentran 3.073 mujeres y 3.042 menores de 20 años. El aumento en el registro de casos de desaparición con respecto a 2009 es casi del 40%.
Por otra parte, a noviembre, en los procesos de la Ley 975, gracias a los esfuerzos de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la Fiscalía, se registraron 4.312 casos de desaparición forzada, del total de 51.616 crímenes cuya confesión se había iniciado. Como consecuencia, se exhumaron 3.037 fosas y se encontraron 3.678 cadáveres; solamente 1.323 han sido identificados plenamente, de los cuales 116 aún no han sido entregados a sus familiares".
En Colombia también fue denunciada la existencia de la fosa común más grande del continente. El macabro hallazgo está localizado cerca de una base militar de las fuerzas armadas de la nación neogranadina.
"La oficina en Colombia tomó nota de las denuncias sobre la existencia de una fosa común con 2.000 cadáveres en La Macarena (Meta). A pesar de no encontrar evidencias de una fosa común, la oficina en Colombia detectó al menos 446 personas no identificadas (N.N.) sepultadas en el cementerio entre 2002 y 2010 después de haber sido declaradas como “muertas en combate” por las Fuerzas Militares. Los deficientes controles judiciales podrían haber permitido el ocultamiento de posibles ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves. Informaciones preliminares sugieren que situaciones similares podrían existir en otros cementerios. La oficina en Colombia urgió al Ministerio de Defensa a desarrollar un registro nacional de los “muertos en combate” y a la Fiscalía a expandir sus investigaciones a otros cementerios del país".
"La oficina en Colombia registró con preocupación la continuación de homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimientos e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en diferentes regiones del país. Entre las víctimas se encuentran líderes y lideresas, defensores comunitarios, miembros de Juntas de Acción Comunal, personas afrocolombianas e indígenas, personeras y personeros municipales, sindicalistas, personal del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo y periodistas".
Los casos de acoso contra la libertad sindical y los dirigentes de los trabajadores son citados de esta forma en el informe:
"Las muertes de sindicalistas continúan siendo preocupantes. En 2010, 26 personas fueron asesinadas, frente a 25 en 2009. Las muertes de docentes no sindicados aumentaron de 4 a 11. Un total de 1.433 personas pertenecientes al movimiento sindical están amparadas por el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia. En 2010, se registró la muerte de un periodista y 45 amenazas contra otros periodistas".
Gran parte de los crímenes y violaciones contra los derechos humanos cometidos en Colombia, se amparan en la impunidad y la acción de operaciones ilegales de inteligencia por parte del Estado colombiano:
"La ausencia de controles democráticos externos y la impunidad favorecen que se sigan utilizando las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales y clandestinas. La oficina en Colombia continuó recibiendo informaciones sobre interceptaciones de correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información, alteración de páginas web e ingresos ilegales a oficinas y domicilios de distintas organizaciones de la sociedad civil, en ocasiones imputados a miembros de organismos de inteligencia militar. Estos hechos, como los denunciados en 2009, permanecen en la impunidad".
El informe de la ONU también resalta con alarma la elección de elementos vinculados a grupos paramilitares como parlamentarios en Colombia:
"El 14 de marzo, los colombianos y las colombianas eligieron 102 senadores por circunscripción nacional, y 166 representantes por circunscripción departamental, para el periodo legislativo 2010-2014. La oficina en Colombia observa con preocupación que la influencia de la llamada parapolítica no ha desaparecido del nuevo Congreso. De los 268 congresistas electos, 13, que habían sido reelegidos, están siendo investigados penalmente por la Corte Suprema. Además, se han recibido informaciones de posibles casos de testaferrato político entre congresistas elegidos por primera vez y personas vinculadas a procesos de "parapolítica".
Las cifras de desaparecidos como consecuencia de la violencia en Colombia, es tan contundente que supera los casos registrados durante los años de dictaduras militares en el cono sur del continente:
"A medida que el Registro Nacional de Desaparecidos se actualiza, se vislumbra la preocupante magnitud del fenómeno de la desaparición forzada. A noviembre, el total de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310, de las cuales 12.632 han sido consideradas como presuntas desapariciones forzadas. Entre estas últimas, se encuentran 3.073 mujeres y 3.042 menores de 20 años. El aumento en el registro de casos de desaparición con respecto a 2009 es casi del 40%.
Por otra parte, a noviembre, en los procesos de la Ley 975, gracias a los esfuerzos de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la Fiscalía, se registraron 4.312 casos de desaparición forzada, del total de 51.616 crímenes cuya confesión se había iniciado. Como consecuencia, se exhumaron 3.037 fosas y se encontraron 3.678 cadáveres; solamente 1.323 han sido identificados plenamente, de los cuales 116 aún no han sido entregados a sus familiares".
En Colombia también fue denunciada la existencia de la fosa común más grande del continente. El macabro hallazgo está localizado cerca de una base militar de las fuerzas armadas de la nación neogranadina.
"La oficina en Colombia tomó nota de las denuncias sobre la existencia de una fosa común con 2.000 cadáveres en La Macarena (Meta). A pesar de no encontrar evidencias de una fosa común, la oficina en Colombia detectó al menos 446 personas no identificadas (N.N.) sepultadas en el cementerio entre 2002 y 2010 después de haber sido declaradas como “muertas en combate” por las Fuerzas Militares. Los deficientes controles judiciales podrían haber permitido el ocultamiento de posibles ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves. Informaciones preliminares sugieren que situaciones similares podrían existir en otros cementerios. La oficina en Colombia urgió al Ministerio de Defensa a desarrollar un registro nacional de los “muertos en combate” y a la Fiscalía a expandir sus investigaciones a otros cementerios del país".
La tortura también se encuentra entre las prácticas de violencia ejercidas contra la población civil en Colombia:
"La oficina en Colombia continuó registrando casos de tortura por miembros de la fuerza pública, y observó con gran preocupación la repetida ocurrencia de esta violación en departamentos como Antioquia, Arauca, Caquetá, Meta, Valle del Cauca y Vichada. Preocupa en particular la situación en Medellín, donde varias personas, incluyendo presuntos delincuentes, habrían sido víctimas de tortura y malos tratos de forma reiterada. Varias personas bajo custodia policial sufrieron castigos físicos y psicológicos, en ocasiones acompañados de insultos racistas. Los maltratos consistieron, entre otros, en golpes en varias partes del cuerpo, mediante puñetazos y patadas o con armas de dotación, así como descargas eléctricas, quemaduras, aspersión con gas pimienta y asfixia con bolsas de plástico.
Los mecanismos disciplinarios existentes en la fuerza pública no parecen ser lo suficientemente eficaces para investigar y sancionar estas violaciones. Por su parte, la Procuraduría, cuando asume un caso, sólo en algunas ocasiones llega a concluir la investigación y sancionar a los responsables. Se observa una deficiencia similar en la Fiscalía en cuanto a la investigación y la imputación de cargos. Entre agosto de 2009 y mayo de 2010, la Fiscalía había iniciado 32 investigaciones por tortura. En el marco de la Ley 975, la Fiscalía reportó en noviembre que de un total de 51.616 hechos, se había iniciado la confesión de 543 actos de tortura y, a la fecha, nadie ha sido condenado por ello".
Además de la violencia armada, el pueblo colombiano es también víctima de la violencia económica y social:
"El coeficiente de Gini alcanzó en 2010 un valor de 0,585, lo que sitúa al país entre los siete más desiguales del planeta".
"La oficina en Colombia continuó registrando casos de tortura por miembros de la fuerza pública, y observó con gran preocupación la repetida ocurrencia de esta violación en departamentos como Antioquia, Arauca, Caquetá, Meta, Valle del Cauca y Vichada. Preocupa en particular la situación en Medellín, donde varias personas, incluyendo presuntos delincuentes, habrían sido víctimas de tortura y malos tratos de forma reiterada. Varias personas bajo custodia policial sufrieron castigos físicos y psicológicos, en ocasiones acompañados de insultos racistas. Los maltratos consistieron, entre otros, en golpes en varias partes del cuerpo, mediante puñetazos y patadas o con armas de dotación, así como descargas eléctricas, quemaduras, aspersión con gas pimienta y asfixia con bolsas de plástico.
Los mecanismos disciplinarios existentes en la fuerza pública no parecen ser lo suficientemente eficaces para investigar y sancionar estas violaciones. Por su parte, la Procuraduría, cuando asume un caso, sólo en algunas ocasiones llega a concluir la investigación y sancionar a los responsables. Se observa una deficiencia similar en la Fiscalía en cuanto a la investigación y la imputación de cargos. Entre agosto de 2009 y mayo de 2010, la Fiscalía había iniciado 32 investigaciones por tortura. En el marco de la Ley 975, la Fiscalía reportó en noviembre que de un total de 51.616 hechos, se había iniciado la confesión de 543 actos de tortura y, a la fecha, nadie ha sido condenado por ello".
Además de la violencia armada, el pueblo colombiano es también víctima de la violencia económica y social:
"El coeficiente de Gini alcanzó en 2010 un valor de 0,585, lo que sitúa al país entre los siete más desiguales del planeta".
Fuente: Internet, http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=3&t=155043
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